El fiscal especial Jack Smith pidió el lunes a un juez federal que desestime el caso que acusa al presidente electo Donald Trump de conspirar para revocar las elecciones de 2020, citando la política de larga data del Departamento de Justicia que protege a los presidentes de ser procesados mientras están en el cargo.

La medida anunciada en documentos judiciales marca el final del esfuerzo histórico del Departamento de Justicia para responsabilizar a Trump por lo que los fiscales llamaron una conspiración criminal para aferrarse al poder en el período previo al ataque de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En documentos judiciales, los fiscales dijeron que la posición del Departamento de Justicia “es que la Constitución requiere que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo”.

La decisión se esperaba después de que el equipo de Smith comenzara a evaluar cómo cerrar tanto el caso de interferencia electoral de 2020 como el caso separado de documentos clasificados a raíz de la victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris. El Departamento de Justicia cree que Trump ya no puede ser juzgado de acuerdo con una política de larga data que dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.

El equipo de Donald Trump ha calificado este lunes de “gran victoria” la recomendación del fiscal especial Jack Smith.

“La decisión de hoy del Departamento de Justicia pone fin a los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump, y es una gran victoria para el Estado de derecho”, dijo su director de comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado.

Trump ha calificado ambos casos de motivados políticamente y ha prometido despedir a Smith tan pronto como asuma el cargo en enero.

El caso de las elecciones de 2020, presentado el año pasado, fue considerado en su momento una de las amenazas legales más graves a las que se enfrentaba el republicano en su intento por recuperar la Casa Blanca. Pero rápidamente se estancó en medio de una lucha legal por las amplias afirmaciones de Trump de inmunidad frente al procesamiento por actos que realizó mientras estuvo en la Casa Blanca.

En julio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por primera vez que los expresidentes tienen amplia inmunidad procesal y envió el caso de vuelta a la jueza de distrito Tanya Chutkan para determinar qué acusaciones en la acusación, si las hubiera, podrían proceder a juicio.

El caso estaba apenas empezando a cobrar impulso nuevamente en el tribunal de primera instancia en las semanas previas a las elecciones de este año. En octubre, el equipo de Smith presentó un extenso escrito en el que exponía nuevas pruebas que planeaban utilizar en su contra en el juicio, acusándolo de “recurrir a delitos” en un esfuerzo cada vez más desesperado por revocar el testamento de los votantes después de perder contra el presidente Joe Biden.

El 13 de noviembre, en un escrito remitido al Undécimo Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), Smith pidió la suspensión de la apelación que presentó contra la decisión hecha por la magistrada federal Aileen Canon, quien había desestimado la acusación contra el ahora presidente electo.

El equipo del fiscal había presentado una acusación contra el republicano por retención ilegal de documentos confidenciales en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, sur de Florida, tras abandonar la Casa Blanca en 2021, así como por obstrucción.

Los presidentes de Estados Unidos nunca han sido perseguidos por el Departamento de Justicia.